Un cierre patronal es España es algo poco común, pero se puede dar el caso. En resumidas cuentas, se trata de un conflicto prolongado con los trabajadores y también es conocido como lockout.
¿Qué es un cierre patronal?
Se trata de una situación en la que el empresario decide, de forma unilateral, suspender la actividad de la empresa. Esto causa que los trabajadores no pueden realizar sus funciones de forma normal. No obstante, se ha de entender que, aunque se detenga la actividad, no existe una extinción de la compañía. De esta manera, los patronos o empresarios pueden presionar a los empleados, a los sindicatos o incluso al Gobierno con un cierre definitivo si se tomaran decisiones que pudieran ser nocivas para sus intereses o actividades, y que no se hayan podido solventar a través de una negociación colectiva.
¿Cuando es lícito un cierre patronal?
Por lo general, los cierres patronales no son ilegales, el Tribunal Constitucional recoge los casos en los que sería justificado, siempre y cuando se notifique a las autoridades laborales de la debida manera y con una antelación de 12 horas. Así pues, los cierres patronales son lícitos:
Por ocupación ilegal de la fábrica o peligro inminente. Si es así, se procede a clausurar todas las instalaciones para garantizar su integridad.
Por irregularidades reiteradas o absentismo por parte de los trabajadores, que impidan el normal desempeño de la actividad laboral.
Por peligro por daños a las personas o las instalaciones, siempre que sean reales. Se producen en fábricas o instalaciones que han sufrido daños tras inundaciones, incendios o terremotos.
¿Cuáles son las consecuencias de un cierre patronal?
Una de las principales consecuencias de los cierres patronales es que el contrato laboral queda suspendido. Esto quiere decir que los trabajadores con contrato no cobran durante el periodo que dure el cierre, y tampoco tienen derecho a las prestaciones ligadas al contrato por enfermedad o desempleo.
Un cierre patronal se trata de una medida de emergencia que se ve justificada, aunque en otras ocasiones puede ser utilizada para ejercer presión. Es por ello que la Administración es la encargada de revisar los casos derivados de este tipo de medias para evitar fraudes.
